El Congreso de los Diputados cuenta hasta el mes de septiembre para votar las enmiendas de los distintos grupos parlamentarios a la Ley de Residuos y Suelos contaminados y lograr modificaciones que se traduzcan en un cambio real.
Es la oportunidad de para establecer objetivos más ambiciosos y vinculantes en materias como la prevención, la reutilización y la responsabilidad ampliada del productor que, según la Alianza Residuo Cero – entidad conformada por por Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, Retorna, Rezero y Surfrider Foundation-, son necesarios para situar a España en el grupo de países europeos de vanguardia.
La agrupación de organizaciones demanda además diversos cambios que, en materia de prevención y reutilización incorpora nuevos objetivos entre los que destaca la necesidad de “poner fin a la obsolescencia prematura de los productos, exigiendo la puesta en el mercado de productos reparables, reutilizables y, en última instancia, reciclables. También se debe garantizar el derecho a un consumo sin envases de un solo uso, fomentando la venta a granel y los envases rellenables y reutilizables en establecimientos comerciales”.
En cuanto a la responsabilidad ampliada del productor, advierten que “urge garantizar que las empresas que ponen en el mercado sus productos asuman de manera efectiva el 100 % del coste de su gestión y que este no se traslade a los municipios y las personas contribuyentes”.
Por otro lado, la Alianza Residuo cero señala que es es necesario la recuperación del derecho de las personas a “devolver latas, botellas y bricks a las tiendas para evitar así su abandono masivo en los entornos naturales y marinos y cumplir con los objetivos de las directivas europeas”.
Paralelamente, y para lograr un cambio de rumbo, defienden la competencia de las comunidades autónomas para la aplicación de medidas de protección del medio ambiente más allá de lo que establezca la propia ley.
Finalmente, las organizaciones puntualizan que la nueva Ley debe poner fin a la actual supremacía de los tratamientos finalistas en el Estado español, vertido e incineración, como exige la normativa europea. Para ello, el nuevo impuesto al vertido, la incineración y la coincineración debe tener carácter finalista y un formato progresivo anual.
A fecha de hoy, la Unión Europea tiene al Estado español en el punto de mira por acumular diversos retrasos en la trasposición de las directivas de residuos que pueden causar multas millonarias. Si aprueba estas asignaturas pendientes, España puede cambiar tanto su realidad como la percepción comunitaria respecto a la gestión de los residuos y dar un impulso real hacia un nuevo escenario más transparente, eficiente y sostenible.
Fuente: Alianza Residuo Cero
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